El juez de conocimiento del caso en el que se imputa a un actual servidor público y un exfuncionario de San Juan del Río, les decretó prisión preventiva justificada y 4 meses de investigación complementaria.
Ante la defensa de los imputados, Fiscales especializados presentaron los datos de prueba, que el juzgador estimó como suficientes para acreditar en este momento del procedimiento penal que hubo una conducta delictiva tipificada como cohecho, ejercicio indebido, asociación delictuosa y, que los imputados probablemente participaron en su comisión.
En estos cuatro meses de investigación complementaria, cada una de las partes aportará las evidencias que sustentan su posición jurídica. La Fiscalía Anticorrupción aportará las que corresponden a su función, para que la autoridad judicial imponga una sentencia condenatoria
