Las diputadas Dulce Imelda Ventura Rendón,Graciela Juárez Montes y Liz Selene Salazar Pérez, integrantes de la Comisión de Salud, aprobaron el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud en el Estado, con el objeto otorgar reconocimiento a los practicantes de la Podología como prestadores de servicios auxiliares en los tratamientos médicos, con la finalidad de que se regule el ejercicio de estos profesionistas.
La diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón, autora de la iniciativa, indicó que actualmente la legislación no reconoce a la Podología como una prestación de servicio médico, restándole el valor que debe tener esta área de la medicina, por lo que se propone que la Secretaría de Salud del Estado, emita lineamientos y requisitos para la instalación y funcionamiento de los establecimientos dedicados a esta actividad, que son quienes atienden directamente a los pacientes con pie diabético y son especialmente susceptibles de sufrir complicaciones en las extremidades por la confluencia de diferentes factores.
La legisladora consideró necesario regular estos servicios, pues emplean técnicas básicas especializadas para el cuidado de los pies y no se cuentan con la regulación de Podólogos especializados. Informó que sólo hay seis especialistas en todo el estado, lo cual no quiere decir que los técnicos no funcionen, pero para el pie diabético, en específico, que tiene una tasa de mortalidad alta, se requiere una atención profesional.
En otro punto del orden del día, se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la Legislatura exhorta a la Secretaría de Salud Federal a garantizar el abastecimiento de vacunas BCG y Triple Viral en los Centros de Salud y Hospitales Públicos en el estado, presentada por la diputada Graciela Juárez Montes.
La legisladora precisó que “es una obligación del estado mexicano asegurar la plena aplicación del derecho a la salud de la infancia, por lo que es necesario contar con un esquema completo de vacunación, por ello realizó un señalamiento preciso para que se obtengan, distribuyan y apliquen, dado que la inacción en ese sentido ha dejado desprotegidos a miles de niños. Aclaró que hace unos días se realizó una compra, pero fue insuficiente, ya que una cantidad importante de infantes no han sido vacunados.
Asimismo, se aprobó el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma la fracción XVI del artículo 46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de prevenir y atender los problemas de salud mental de niños y adolescentes; por lo que se propone que las instituciones de educación escolar primaria, secundaria y medio superior, en el ámbito de su competencia y en coordinación con todos los servicios de salud, implementen mecanismos de comunicación con los padres de familia.
La presidenta de la Comisión Legislativa, diputada Dulce Ventura, precisó que la mayor consecuencia que puede traer consigo un problema de salud mental es el suicidio; en este sentido, dio a conocer que, según datos del Inegi, de 2018 a 2020 se incrementó un 45% el número de suicidios; lo que equivale a 200 suicidios en la entidad durante ese año; de estos, fueron mayormente los hombres quienes tomaron esta determinación en un 89 por ciento y el fenómeno se presentó mayormente en edades que oscilan entre los 10 a los 24 años.
La legisladora consideró que “es en las instituciones de educación en donde los maestros se pueden dar cuenta si los niños presentan alguna conducta de riesgo, por lo que tienen la obligación de informar inmediatamente a los padres de familia, para que estos a su vez, busquen la ayuda profesional para sus hijos de manera inmediata para evitar que en casos extremos puedan llegar al suicidio”, por lo que estimó necesario crear los mecanismos de comunicación, motivo por el que presentó esta iniciativa como una medida de prevención.
