El gobernador del estado Francisco Domínguez Servién encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, en la que sus cuarenta miembros alcanzaron seis acuerdos en materia de: depuración y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad; Desarrollo de sistemas; Prevención social de la violencia y la delincuencia; Programa contra la corrupción policial; Justicia administrativa; y Sistema penitenciario.
Estos acuerdos -señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres- reflejan acciones responsables, coordinadas y permanentes que aseguran un rumbo efectivo y profesional de los esfuerzos que se llevan a cabo en la entidad en materia de seguridad.
Durante la sesión, Domínguez Servién informó ante el Consejo –conformado por representantes de los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado, tres ciudadanos y los 18 presidentes municipales- que en 2018 los recursos asignados a la seguridad pública ascienden a mil 286 millones de pesos, de los cuales, mil 083 millones provienen de los fondos de la entidad.
Detalló que entre los avances, en el marco normativo se han creado 12 nuevas leyes, incluyendo orgánicas y de creación de organismos descentralizados que realizan funciones estratégicas en materia de seguridad, así como tres reformas constitucionales, 11 reformas legales y actualización reglamentaria.
El mandatario estatal agregó que, actualmente, se cuenta con un estado de fuerza de cuatro mil 586 elementos, de los cuales el 87 % del personal de las corporaciones cuenta con formación inicial; en tanto que el 100% de los policías estatales en activo han sido evaluados en control de confianza. En este sentido, la Policía Estatal obtuvo en 2017 el 3er lugar nacional en percepción de confianza y desempeño.
Domínguez Servién señaló que se ha realizado una inversión de 140 millones 544 mil pesos en vestuario, equipo, vehículos automotores y armamento; además, se llevaron a cabo 10 obras en materia de seguridad y justicia con una inversión de 264 millones 560 mil pesos; entre las que destaca la construcción del Centro Estatal de Investigación y Análisis sobre Seguridad (CIAS) que brindará las herramientas tecnológicas para la coordinación de los cuerpos de seguridad y con ello garantizar una pronta respuesta a los reportes de denuncia y emergencia.
El CIAS contará con dos mil cámaras de videovigilancia, operadoras y supervisores del 9-1-1, más de 50 lectores de placas y desarrollo de sistemas, así como un Banco Estatal de Datos para la Seguridad y la Integración de Centros de Comando con los municipios.
En la sesión el gobernador también hizo hincapié en la segunda certificación internacional de Centros de Reinserción Social, con lo que se cumplió con 137 estándares internacionales.
En cuanto a los acuerdos, el secretario Juan Marcos Granados Torres explicó que en el primero, referente a Depurar y fortalecer las corporaciones de seguridad, el estado y los municipios asumen el compromiso de la formación única de su personal facultado para el uso legal de la fuerza, sujetándose a la normativa de carrera policial, adaptando, en lo posible, tabuladores salariales en los términos de la ley que emitan los órganos correspondientes.
El segundo acuerdo se dio en el tema de Desarrollo de Sistemas, en el que las autoridades estatales y municipales hicieron el compromiso de establecer enlaces operativos sujetos a las evaluaciones de control de confianza, así como los recursos humanos, tecnológicos y normativos para el uso de las tecnologías en materia de seguridad en los municipios.
El tercer acuerdo, refirió Granados Torres, fue en la estrategia de Prevención social de la violencia y la delincuencia, con lo que cada municipio deberá adoptar el Programa de Prevención de Adicciones en sus estrategias mediante la unificación de protocolos, capacitación y procesos de evaluación que ofrece el programa.
El cuarto se dio en materia del Programa contra la corrupción policial, en el que se asumió el compromiso de integrar un Comité Estatal para promover la prevención, investigación y sanción de la corrupción policial, con todos los órganos de control de cada autoridad coordinados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, instancia que deberá implementar protocolos y procesos para ejecutar el programa “10 Acciones contra la corrupción”.
El quinto acuerdo fue en Justicia Administrativa y se refiere al compromiso de trabajo de las autoridades estatales y municipales para abatir las faltas administrativas que generan percepción de inseguridad, aportando recursos humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto.
Finalmente, el sexto acuerdo se dio en el ámbito del Sistema Penitenciario, con el que los integrantes del Consejo se comprometieron a apoyar y colaborar de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En la sesión el mandatario estatal tomó protesta a tres nuevos miembros del Consejo: Miguel Ángel Contreras Álvarez, comisionado estatal del Sistema Penitenciario; Gabriel Bastarrachea Vázquez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil; y al consejero ciudadano Jesús Moreno Gutiérrez.
El Consejo Estatal de Seguridad es un órgano incluyente y rector del Sistema Estatal de Seguridad que tiene como función expedir políticas, lineamientos y bases de actuación, con el objetivo de mantener la paz pública y garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
