Los diputados Manuel Pozo Cabrera y Ana Paola López Birlain, presidente e integrante, respectivamente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, dieron el aval a dos proyectos de decreto remitidos por el Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dos temas.
El Decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, propone que para ser diputado se requiera tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; y para ser secretario de Estado se requisite ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.
El presidente de la comisión legislativa, Manuel Pozo consideró que se debe ser congruente e ir a favor como Constituyente Permanente, toda vez que, en el congreso local para aspirar a un cargo público, particularmente una diputación, basta con ser ciudadano en el goce de sus derechos, de tal suerte que, al tener 18 años o más es suficiente.
Asimismo, se aprobó el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En estos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Por otra parte, para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República requerirá ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciatura en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso.
El diputado Manuel Pozo comentó que esta reforma impulsada por diferentes colectivos de mujeres y apoyada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, busca visibilizar las afectaciones que tienen los delitos sexuales contra la integridad, como lo son los deudores alimentarios, y la forma de visibilizar esta problemática es limitar el ejercicio de los derechos particularmente para ser candidato a un cargo de elección popular o para ser contratado como servidor público.
