La diputada federal Abigail Arredondo Ramos fijó una postura crítica frente a la reforma en materia de pensiones impulsada por el partido en el gobierno, al advertir que representa un retroceso para los derechos laborales y podría afectar directamente a miles de trabajadores del sector público.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que, aunque es necesario establecer límites para evitar excesos, privilegios y dispendios dentro del servicio público, la propuesta discutida no atiende ese objetivo y, por el contrario, termina impactando a quienes han dedicado décadas de trabajo al país.
Arredondo Ramos calificó la iniciativa como una medida “injusta y engañosa”, al considerar que vulnera derechos adquiridos bajo el argumento de la austeridad. En ese sentido, sostuvo que la contención del gasto público no puede aplicarse de forma selectiva ni utilizarse como justificación para modificar condiciones laborales previamente establecidas.
La diputada explicó que uno de los puntos que más preocupa de la reforma es que plantea topar las pensiones con base en el salario de la Presidencia de la República, lo que —dijo— genera incertidumbre y abre la posibilidad de decisiones discrecionales en el futuro. En su opinión, una alternativa con mayor certeza jurídica habría sido fijar esos límites mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, acusó que la propuesta deja fuera los llamados haberes de retiro, es decir, los beneficios económicos que reciben altos funcionarios al concluir sus cargos, entre ellos ex presidentes, ex ministros, ex secretarios de Estado y magistrados. Para la legisladora, esta exclusión evidencia una falta de congruencia, ya que mientras se plantea ajustar las pensiones de trabajadores con 30 o 40 años de servicio, se mantienen sin cambios los beneficios de quienes han ocupado posiciones de alto nivel.
Arredondo Ramos también alertó sobre una posible afectación al principio constitucional de no retroactividad de la ley, al advertir que la reforma podría modificar condiciones previamente consolidadas para miles de personas. Señaló que este derecho está protegido tanto por la Constitución mexicana como por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
En ese contexto, manifestó su preocupación por la falta de mecanismos de defensa para las y los trabajadores frente a posibles abusos o interpretaciones discrecionales, lo que podría dejar en estado de indefensión a muchas familias que dependen de esos ingresos para su estabilidad económica.
La legisladora compartió que en las últimas semanas ha recibido mensajes de trabajadores de instituciones como CFE, PEMEX e INFONAVIT, quienes le han expresado inquietud, incertidumbre y rechazo ante una reforma que, afirmaron, podría afectar de manera importante el monto de sus pensiones.
Finalmente, Abigail Arredondo reiteró que desde el PRI continuará señalando lo que considera abusos y defendiendo los derechos de la clase trabajadora, al sostener que México requiere decisiones con justicia y congruencia, no medidas que afecten a quienes ya cumplieron con años de servicio.
