El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la LXI Legislatura del estado, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local con el objetivo de eliminar privilegios en el servicio público y reforzar los principios de austeridad.
La propuesta busca armonizar la Constitución de Querétaro con la reciente reforma federal publicada el pasado 23 de abril, enfocada en el combate a privilegios y la promoción de la austeridad republicana, conocida como el “Plan B”.
Entre los puntos principales de la iniciativa destacan la limitación del presupuesto anual del Poder Legislativo estatal a un máximo del 0.70% del Presupuesto de Egresos del estado, así como la regulación de las remuneraciones de servidores públicos para que no excedan los límites establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Asimismo, se plantea prohibir prestaciones extraordinarias como seguros médicos privados, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro no contemplados en la ley. También propone modificar la integración de los ayuntamientos para que exista una sola sindicatura por municipio, manteniendo el número actual de regidurías, salvo ajustes futuros con base en criterios poblacionales.
El legislador explicó que la iniciativa responde a la persistencia de estructuras institucionales que generan gasto público excesivo o ineficiente, además de la existencia de beneficios considerados privilegios para algunos servidores públicos. En este sentido, subrayó la necesidad de rediseñar el funcionamiento institucional bajo criterios de austeridad, racionalidad presupuestaria y cercanía con la ciudadanía.
De aprobarse, indicó, la reforma permitiría eliminar privilegios presupuestales y administrativos, fortalecer la austeridad republicana, homologar el marco jurídico estatal con el federal y redirigir recursos hacia infraestructura pública y el fortalecimiento de las finanzas municipales.
No obstante, el propio diputado advirtió que, desde una perspectiva técnico-legislativa, la propuesta aún requiere ajustes en su redacción, coherencia normativa y justificación presupuestaria para garantizar su viabilidad constitucional y operativa.
