El dictamen contempla cambios en la evaluación y selección de candidaturas, integración de órganos judiciales y mecanismos para cubrir vacantes.
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen de reforma judicial para Querétaro, que contempla trasladar la elección de personas juzgadoras de 2027 a 2028, en concordancia con el calendario federal.
La reunión fue encabezada por el diputado Guillermo Vega Guerrero, con la participación de los legisladores Homero Barrera McDonald, Enrique Antonio Correa Sada y Eric Silva Hernández. También estuvieron presentes Teresita Calzada Rovirosa, Arturo Maximiliano García Pérez y el director Jurídico del Poder Judicial del estado, Bolívar Rubio Medina.
Durante la sesión, Guillermo Vega informó que los 18 ayuntamientos de Querétaro fueron notificados entre el 5 y el 7 de octubre para que emitieran sus consideraciones sobre el dictamen. En respuesta, los municipios de Amealco de Bonfil, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tequisquiapan y Tolimán manifestaron no tener observaciones.
El legislador reconoció la participación de las distintas fuerzas políticas y del Poder Judicial en la elaboración del nuevo documento, que incorpora adecuaciones derivadas de las modificaciones realizadas a nivel federal.
Por su parte, Eric Silva Hernández destacó la apertura y el diálogo entre los integrantes de las comisiones, al señalar que se logró construir un dictamen conjunto que atiende los requerimientos de la reforma judicial federal. Asimismo, adelantó su voto a favor.
En el mismo sentido, Homero Barrera McDonald señaló que las modificaciones responden a la necesidad de armonizar la Constitución local con las disposiciones federales y mantener la coordinación entre los poderes.
A su vez, Arturo Maximiliano García Pérez reconoció el trabajo institucional para atender las vacantes existentes en dos salas del Poder Judicial. Explicó que el dictamen contempla mecanismos para que los consejeros de la Judicatura puedan cubrir temporalmente las ausencias, hasta por 60 días, conforme al orden de prelación establecido.
Al explicar los principales alcances de la reforma, Guillermo Vega detalló seis puntos centrales:
- Elección judicial en 2028: La jornada se trasladará de 2027 al primer domingo de junio de 2028, en coincidencia con la elección federal. Las personas electas rendirán protesta el 1 de octubre de ese año.
- Evaluación de aspirantes: Cada poder contará con un comité de evaluación integrado por cinco personas. Sus coordinadores conformarán una comisión para homologar requisitos, exámenes y criterios de selección.
- Reducción de candidaturas: Los comités evaluarán cuatro perfiles por cargo y, mediante insaculación pública, reducirán las listas a dos candidaturas, respetando la paridad de género.
- Reglas de postulación: El Poder Ejecutivo realizará sus postulaciones por conducto de su titular; el Legislativo necesitará el respaldo de dos terceras partes de sus integrantes y el Judicial requerirá nueve votos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
- Administración y disciplina judicial: El órgano de administración judicial tendrá cinco integrantes: uno designado por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y tres por el Poder Judicial. Además, se contempla un tribunal de disciplina encargado de evaluar el desempeño y promover la capacitación permanente.
- Continuidad del servicio de justicia: Las personas juzgadoras en funciones permanecerán en sus cargos hasta el 30 de septiembre de 2028. También se establecerán mecanismos provisionales para cubrir vacantes y se extenderá hasta esa fecha la presidencia actual del Poder Judicial.
Guillermo Vega señaló que el propósito central es armonizar las disposiciones estatales con el modelo federal y brindar certeza jurídica durante la transición hacia el nuevo esquema de elección judicial.
Finalmente, adelantó que los trabajos continuarán con la elaboración de las reformas a las leyes secundarias, para lo cual será necesario mantener las mesas de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y el Poder Judicial.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen continuará el proceso legislativo correspondiente para su análisis y votación ante el Pleno de la LXI Legislatura.
