Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura aprobaron diversos dictámenes en materia laboral, penal y civil, entre los que destacan la protección a sindicatos frente a injerencias indebidas y la tipificación del delito de cohabitación forzada en el estado.
La sesión fue encabezada por el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión, junto con los legisladores Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald, además de la participación de Teresita Calzada Rovirosa y Arturo Maximiliano García Pérez.
Uno de los dictámenes aprobados contempla adicionar disposiciones a la Ley de los Trabajadores del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de proteger a los sindicatos contra cualquier acto de injerencia por parte de servidores públicos. Esta medida establece como falta administrativa grave conductas como presionar, coaccionar o condicionar la participación de trabajadores en procesos sindicales, así como ofrecer beneficios a cambio de apoyo.
“Se busca garantizar la libertad y autonomía sindical conforme a estándares federales”, explicó Vega Guerrero.
En materia penal, los legisladores avalaron la iniciativa para tipificar la cohabitación forzada como delito en el Código Penal estatal. De acuerdo con Homero Barrera McDonald, esta conducta implica obligar o inducir a una persona a vivir en una relación equiparable al matrimonio, con o sin su consentimiento.
Las sanciones contemplan penas de 8 a 15 años de prisión y multas económicas, las cuales podrían incrementarse si la víctima pertenece a comunidades indígenas o existe parentesco con el agresor. “Esta práctica debe erradicarse, especialmente cuando afecta a niñas, niños y adolescentes”, subrayó el legislador.
Por su parte, Enrique Antonio Correa Sada destacó que esta reforma permitirá atender una problemática presente en comunidades rurales y tradicionales, donde anteriormente no se sancionaban estas conductas.
En otro punto, la comisión aprobó por mayoría un dictamen para reconocer el derecho a la identidad de género autopercibida mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil. No obstante, el diputado Correa Sada votó en contra al considerar que el documento presenta vacíos legales, particularmente en temas de salud, certeza jurídica y posibles implicaciones en otros ámbitos civiles.
Al respecto, el presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, señaló que esta iniciativa responde a compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, y busca combatir la discriminación. “Reconocer la identidad de género no le quita derechos a nadie, pero sí otorga certeza jurídica a quienes hoy viven en vulnerabilidad”, afirmó.
Finalmente, en asuntos generales, la diputada Teresita Calzada Rovirosa exhortó a que el Congreso local se sume a la reforma aprobada en el Senado en materia de feminicidio, con el fin de homologar penas y procedimientos en la entidad. En respuesta, Homero Barrera McDonald informó que dicha iniciativa será analizada en la comisión correspondiente.
