El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, informó que dicha instancia legislativa se ha consolidado como una de las más productivas de la actual Legislatura, al haber sesionado en 24 ocasiones y dictaminado 40 iniciativas de ley.
El legislador agradeció el trabajo y las aportaciones de los diputados integrantes de la comisión, Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera Mcdonald, aunque reconoció que aún existen alrededor de 50 iniciativas pendientes de análisis y dictaminación.
Entre los proyectos aprobados más relevantes, destacó la reforma al Código Penal para sancionar la usurpación de profesiones en materia de salud y evitar la práctica de “médicos piratas”; la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres; y la iniciativa para regular el uso de celulares en espacios educativos con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes.
También resaltó las reformas enfocadas en prevenir la violencia familiar contra mujeres embarazadas, la tipificación del delito de acecho y la incorporación de sanciones por el uso indebido de inteligencia artificial con fines sexuales.
Asimismo, se fortalecieron las facultades de la Fiscalía General del Estado para combatir los llamados préstamos “gota a gota”, además de endurecer las sanciones contra conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.
Entre otros avances legislativos, Vega Guerrero mencionó la aprobación de la denominada Ley Monzón, relacionada con la pérdida de la patria potestad para padres vinculados a feminicidio; la institucionalización de Sinergia como instancia del Sistema Estatal de Seguridad; y reformas para combatir la cohabitación forzada de menores de edad con adultos, práctica que en algunos casos se mantiene bajo usos y costumbres.
Durante la sesión más reciente de la comisión también se aprobaron reformas al dictamen de declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro, luego de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado considerara necesario modificar los tiempos de implementación.
De acuerdo con el Poder Judicial estatal, aún no existen las condiciones operativas, normativas e institucionales necesarias para aplicar plenamente este nuevo modelo procesal, situación que se ha presentado en distintas entidades del país debido a la complejidad de su implementación.
El Tribunal Superior de Justicia señaló que todavía se requiere avanzar en la armonización de leyes locales, la homologación de criterios jurisdiccionales, la interoperabilidad tecnológica y la consolidación de prácticas de oralidad para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Por ello, los integrantes de la comisión consideraron pertinente aplazar la entrada en vigor del nuevo ordenamiento jurídico, con el propósito de asegurar una transición gradual, ordenada y funcional que evite afectaciones al acceso a la justicia y garantice la seguridad jurídica y el debido proceso.
