El diputado local Enrique Correa Sada presentó la iniciativa “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos”, con la que busca prevenir hechos de violencia en los planteles educativos y establecer mecanismos de protección para estudiantes, maestros y personal escolar ante amenazas, agresiones y situaciones de emergencia.
El legislador señaló que la propuesta surge ante los recientes hechos de violencia registrados en escuelas de distintas partes del país, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas de prevención y respuesta para proteger a la comunidad educativa.
“Ningún maestro debería arriesgar su vida por enseñar, ni ningún niño sentir miedo de ir a la escuela. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. En Querétaro debemos prevenir, proteger y responder”, expresó.
La iniciativa contempla la creación de un Sistema Estatal de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa, mediante la coordinación de autoridades de educación, seguridad, salud y protección civil.
Entre las medidas planteadas se encuentran la implementación de alertas escolares para solicitar ayuda inmediata en caso de emergencia, así como un Semáforo de Riesgo Escolar que permita identificar planteles con factores de riesgo y establecer acciones preventivas.
También propone brindar asesoría jurídica, atención psicológica y medidas de seguridad a docentes que enfrenten amenazas o agresiones. Además, plantea establecer protocolos de actuación para responder ante situaciones de peligro y dar seguimiento a los incidentes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que los maestros puedan reportar amenazas y solicitar protección sin tener que presentar previamente una denuncia penal, con el propósito de evitar que los trámites retrasen la atención de los casos.
“Quiero que los padres de familia tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos y que nuestros maestros sepan que no están solos. Proteger a quienes enseñan es también proteger el futuro de Querétaro”, afirmó Correa Sada.
Con esta iniciativa, el diputado plantea establecer mecanismos de prevención, atención y seguimiento antes, durante y después de una emergencia escolar. La propuesta busca que las autoridades cuenten con herramientas de coordinación para responder ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.
