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FORTALECE QUERÉTARO ACCIONES PARA GARANTIZAR PENSIÓN ALIMENTARIA Y PROTEGER A LA NIÑEZ




El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la presentación de la agenda estatal para fortalecer la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de obligaciones alimentarias, con el objetivo de consolidar mecanismos que aseguren su cumplimiento y protección integral.

Durante el anuncio, se destacó que esta estrategia se basa en ejes como el control administrativo, la integridad en el servicio público, el cumplimiento efectivo de obligaciones y la armonización legislativa, posicionando a la entidad como referente en la materia.

En este marco, la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, informó que a partir del 6 de mayo entrará en vigor la reforma que prohíbe la contratación en el Poder Ejecutivo de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios, medida que también aplicará para proveedores, contratistas y prestadores de servicios por honorarios, mediante su vinculación con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Asimismo, se dio a conocer que distintas dependencias estatales implementarán acciones específicas, como la negativa para expedir o renovar licencias de conducir a deudores alimentarios, la alineación de programas sociales para restringir el acceso a quienes incumplan con estas obligaciones, así como la armonización normativa en procesos de contratación pública.

La agenda también contempla asesoría gratuita en materia de pensión alimentaria a través de la Secretaría de las Mujeres, así como campañas de difusión para promover el cumplimiento de estas responsabilidades.

Por su parte, el senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que en Querétaro se busca cerrar espacios a los deudores alimentarios, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer la legislación a nivel nacional, considerando que actualmente el número de personas inscritas en el padrón es bajo frente al total de casos existentes.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones buscan generar un cambio estructural en favor de la niñez, consolidando políticas públicas que garanticen sus derechos y puedan replicarse a nivel nacional.





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