En un caso el probable participante mató a su progenitor
En otro asunto, los tres implicados podrían alcanzar hasta 68 años de prisión, cada uno.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aportó los datos de prueba necesarios para que, en procesos separados, dos distintos jueces de control impusieran como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa a cuatro hombres, uno por los delitos de homicidio y lesiones, y a tres por los delitos de privación de la libertad agravada con propósito de cometer daño y robo agravado calificado, informó Guillermo Luna Méndez, fiscal desconcentrado de investigación en Iztapalapa.
En conferencia de medios, el funcionario indicó que en el primer caso, fue vinculado a proceso un hombre que habría privado de la vida a su padre y lesionó a su cuñada con un cuchillo, en un domicilio ubicado en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, delegación Iztapalapa.
Añadió que de acuerdo con la carpeta de investigación, a las 17:00 horas del pasado 21 de marzo, el imputado sostuvo una discusión con su progenitor y su cuñada, a quienes agredió físicamente.
Con un cuchillo los hirió en diferentes partes del cuerpo; una de las víctimas solicitó apoyo de elementos policiacos. Paramédicos trasladaron a los agraviados a un hospital, donde el padre del implicado falleció instantes después, refirió.
El sujeto, dijo, fue remitido a la Coordinación Territorial en Iztapalapa Seis, donde el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.
Agentes de la Policía de Investigación ubicaron a testigos de los hechos y analizaron el contenido de las cámaras de video vigilancia cercanas al lugar de los hechos, en tanto que peritos en criminalística y fotografía acudieron al domicilio para recoger indicios, aseveró
Durante la audiencia inicial un juez de control calificó como legal la detención, le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Las penas máximas que puede alcanzar el sujeto por estos delitos son: 50 años por homicidio calificado y 32 por tentativa de homicidio calificado.
Luna Méndez informó que en el segundo caso, un juez de control calificó como legal la detención de tres hombres de 31, 32 y 33 años, por su probable participación en el robo de un teléfono celular a una mujer a quien pretendieron obligar a subir a una camioneta Nissan, tipo Urvan, color amarillo con blanco, en la colonia Guelatao de Juárez, delegación Iztapalapa.
Explicó que de acuerdo a la indagatoria, el pasado 23 de marzo, a las 09:19 horas, policías preventivos que circulaban en el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Cerrada del ISSSTE, fueron alertados por la víctima, quien gritó en el momento en que los imputados querían forzarla a subir al vehículo, donde fue localizada un arma de fuego en una cangurera.
Los detenidos, junto con la camioneta y la pistola; fueron remitidos a la Coordinación Territorial Iztapalapa Seis, donde al agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por los delitos de robo agravado calificado y privación de la libertad agravada con propósito de cometer daño, indicó.
Agentes de la Policía de Investigación ubicaron a testigos de los hechos y analizaron el contenido de las cámaras de video vigilancia cercanas al lugar de los hechos, en tanto peritos en criminalística, mecánica, valuación, identificación, balística y fotografía recabaron los indicios correspondientes.
Trabajos de campo y gabinete de Policía de Investigación, establecieron que el de 33 años está relacionado con 5 indagatorias por diferentes delitos y tres ingresos a reclusorio por robo y violencia familiar. El de 31, dos indagatorias y un ingreso a reclusorio por robo; y el de 32 una indagatoria por robo a negocio y otra por delitos contra la salud.
El pasado 25 de marzo, un juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente les formuló la imputación y la defensa solicitó la amplitud del término constitucional, por lo que la vinculación a proceso quedó pendiente.
De ser encontrados penalmente responsables por los delitos que se les imputa, los tres implicados podrían alcanzar una sentencia de hasta 68 años de prisión.
