El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro manifestó su rechazo al anuncio del Poder Ejecutivo estatal sobre un posible veto a la denominada Ley de Identidad de Género, al considerar que la postura oficial se basa en argumentos “tendenciosos” y en desinformación sobre el contenido real de la reforma.
A través de un posicionamiento político, la bancada morenista sostuvo que las modificaciones al Código Civil responden a una demanda histórica de colectivos y organizaciones civiles de Querétaro, así como a propuestas impulsadas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
Las y los legisladores señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido el derecho de las personas a adecuar su identidad de género mediante procedimientos administrativos, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.
“Lo aprobado por esta Legislatura busca otorgar certeza jurídica a una realidad social existente en Querétaro”, expresó el grupo parlamentario, al advertir que la ausencia de mecanismos legales puede generar problemas patrimoniales, familiares y administrativos para las personas involucradas.
Asimismo, Morena aseguró que la reforma no elimina registros originales ni borra antecedentes legales, sino que incorpora mecanismos de trazabilidad jurídica para evitar posibles evasiones de responsabilidades civiles o alimentarias.
En ese sentido, la bancada rechazó categóricamente los señalamientos que vinculan la reforma con menores de edad y aclaró que el texto aprobado establece de manera expresa, en el artículo 131 Ter, fracción II, que únicamente las personas mayores de edad podrán realizar el trámite de adecuación de identidad de género.
“La redacción es clara y no deja espacio a interpretaciones: las y los menores no pueden acceder a este procedimiento”, puntualizaron las y los diputados.
El Grupo Parlamentario de Morena también lamentó que el gobernador haya calificado la iniciativa como impulsada por “grupos radicales”, pese a que —afirmaron— el dictamen fue construido mediante trabajo legislativo, foros abiertos y consultas con especialistas, además de contar con el respaldo de cinco de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso local, incluido el PAN.
“El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas”, señalaron los legisladores, quienes consideraron que etiquetar los avances en materia de derechos humanos como posturas “radicales” representa una visión regresiva frente a una sociedad más plural y consciente de sus garantías constitucionales.
Finalmente, la bancada morenista reiteró su disposición al diálogo institucional y pidió que éste se desarrolle “sin insultos, sin etiquetas y poniendo por delante los derechos fundamentales de todas las personas”.
“La transformación social no se detiene por decreto ni por veto político. Los derechos reconocidos por la Constitución y la Suprema Corte seguirán siendo exigidos por la ciudadanía”, concluyó el grupo parlamentario.
