Ulises Gómez de la Rosa cuestionó el “Protocolo Único Antinarcocandidatos” y planteó un Sistema Estatal de Integridad y Trazabilidad del Financiamiento Político-Electoral.
Durante su intervención destacó que Morena presentó 161 iniciativas, de las cuales 42 han sido aprobadas, mientras que el Poder Ejecutivo presentó 22, con 17 aprobadas. También señaló que la bancada acumuló 112 intervenciones en tribuna, equivalentes, según sus cifras, al 38% del debate legislativo.
Gómez de la Rosa atribuyó a Morena el cambio en la Mesa Directiva y en la integración de las comisiones, y criticó al PAN por lo que calificó como un “atorón” en iniciativas pendientes. Asimismo, destacó la suspensión del proyecto El Batán y el reencauzamiento de 470 millones de pesos del presupuesto estatal, aunque cuestionó que todavía no exista claridad sobre las obras en las que fueron utilizados esos recursos.
Entre los temas legislativos impulsados por Morena mencionó la Ley de Identidad de Género, reformas con perspectiva de género e igualdad sustantiva, así como el Parlamento Abierto realizado en torno a la Ley de Agua, cuya aprobación, dijo, deberá concretarse este año.
De cara al cierre de la Legislatura, identificó como principales asuntos pendientes el agua, la municipalización de Santa Rosa Jáuregui y Vizarrón, la Reforma Judicial y la revisión de las Cuentas Públicas de 2024 y 2025. Sobre el agua, sostuvo que Morena defenderá su reconocimiento como un derecho humano y buscará limitar la visión mercantil de las concesiones.
En materia electoral, coincidió en la necesidad de impedir la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y campañas, pero cuestionó que el problema se reduzca al concepto de “narcocandidatos”. Señaló que también deben investigarse posibles vínculos con extorsión, tráfico de personas, robo de hidrocarburos, corrupción, contrabando, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos.
Frente al “Protocolo Único Antinarcocandidatos”, propuso crear un Sistema Estatal de Integridad y Trazabilidad del Financiamiento Político-Electoral, respetando las facultades del INE, IEEQ y las autoridades financieras, hacendarias, electorales y ministeriales.
Finalmente, sostuvo que el blindaje electoral debe centrarse en seguir el dinero, fiscalizar el financiamiento y fortalecer las instituciones, incluyendo la investigación de recursos utilizados en campañas y publicidad política disfrazada.
