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Ospital cuestiona sobrecostos del Tren México–Querétaro y exige rendición de cuentas




El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, criticó los sobrecostos en las obras públicas federales y advirtió que en México los errores de planeación se han convertido en una práctica recurrente sin consecuencias legales o administrativas para los responsables.

El legislador señaló que, a diferencia de lo que ocurre en la iniciativa privada, donde una mala proyección puede derivar en sanciones, demandas o incluso la pérdida del contrato, en el sector público los incrementos presupuestales multimillonarios se asumen con normalidad.

“En el sector privado, si alguien calcula mal una obra, hay consecuencias: demandas, sanciones o pérdida del contrato. Pero en el sector público, no pasa absolutamente nada”, afirmó.

Ospital explicó que mientras en proyectos privados los ajustes suelen mantenerse en márgenes de entre el 10 y 15 por ciento, en las obras públicas federales los incrementos son mucho mayores y, en muchos casos, constantes.

Como ejemplo, mencionó el caso del Tren México–Querétaro, cuyo costo original —dijo— era de 200 mil millones de pesos, pero que actualmente ya asciende a 265 mil millones, pese a registrar apenas un 9 por ciento de avance. Señaló que esto representa un incremento cercano al 20 por ciento, equivalente, apuntó, al presupuesto anual del estado de Querétaro.

El diputado emecista también refirió otros proyectos emblemáticos del gobierno federal, como el Tren Maya, cuyo costo pasó de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos, así como la refinería Olmeca, que de una proyección inicial de 160 mil millones, hoy supera los 400 mil millones.

“Es un problema sistémico, se equivocan por miles de millones de pesos y no pasa nada”, sostuvo.

Finalmente, Paul Ospital cuestionó que no exista responsabilidad jurídica para funcionarios, contratistas o empresas involucradas en errores de cálculo y sobrecostos, al advertir que esta falta de consecuencias fomenta el despilfarro de recursos públicos y debilita la rendición de cuentas, particularmente en obras manejadas por instancias con información reservada, como la Sedena.





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