Durante varios meses se hizo pasar por licenciado en Derecho y cobró diversas cantidades de dinero por supuestas asesorías jurídicas sin contar con la cédula profesional que lo acreditara para ejercer la profesión; ahora enfrenta un proceso penal en prisión preventiva justificada por fraude y usurpación de profesión, luego de que esta Fiscalía obtuviera en audiencia inicial la vinculación y dicha medida cautelar por parte de la autoridad judicial.
Las víctimas le pagaron en efectivo y mediante transferencias bancarias por sus supuestos servicios profesionales, descubriendo posteriormente que nunca tuvo la formación ni autorización legal para ejercer como abogado.