Especialistas, colectivos y comunidades indígenas analizaron tarifas, subsidios y participación ciudadana
Como parte del Parlamento Abierto para la construcción de la nueva Ley de Agua de Querétaro, se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo enfocada en los temas de costos, tarifas y participación ciudadana.
La jornada reunió a organizaciones civiles, académicos, especialistas ambientales, defensores de derechos humanos y representantes de pueblos originarios, en el marco de los trabajos impulsados por las Comisiones Unidas de Seguimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y Medio Ambiente y Cambio Climático de la LXI Legislatura.
La mesa fue moderada por la maestra Diana Olvera Robles, investigadora y catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro, y contó con la participación de 21 colectivos y organizaciones, así como representantes de las comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán, en Amealco, y La Esperanza, en Colón.
En el encuentro participaron además los diputados Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Ulises Gómez de la Rosa y María Blanca Flor Benítez Estrada; la diputada federal Rufina Benítez Estrada; la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega; y el regidor capitalino Fernando Flores.
Uno de los principales temas discutidos fue el régimen tarifario y los mecanismos de cobro del servicio de agua potable, incluyendo subsidios, límites de tarifas y fondos etiquetados.
Entre las propuestas presentadas se planteó establecer criterios claros sobre la legalidad de los cobros, crear subsidios escalonados para sectores vulnerables y garantizar un mínimo gratuito de 10 metros cúbicos de agua para determinadas zonas, al considerar el acceso al agua como un derecho humano.
También se propuso incorporar el principio de progresividad en las tarifas, de manera que quienes consuman más agua paguen costos mayores, además de establecer diferencias tarifarias de acuerdo con las condiciones territoriales.
Representantes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán solicitaron reducir el costo de conexión al servicio de agua potable, al considerar que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al recurso.
Otro de los temas centrales fue la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Agua, organismo contemplado en la iniciativa de ley para fortalecer la vigilancia y participación social en la gestión del agua.
Las organizaciones participantes plantearon que este consejo debe estar integrado por ciudadanía capacitada y especializada, con mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización.
Asimismo, propusieron evitar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro, incluir a las regiones más afectadas por la problemática hídrica y garantizar representación de pueblos indígenas y paridad de género.
También se sugirió que tanto el Consejo Ciudadano como la Comisión Estatal de Aguas estén integrados por perfiles técnicos y expertos en la materia.
Entre los panelistas participaron representantes de organizaciones como Awita Vida y Territorio, Política Colectiva, Agua para Todxs, Agua para la Vida, QM21 y Cívica, Frente por las 40 Horas Querétaro, así como académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro y especialistas en finanzas públicas y políticas ambientales.
Al término de la sesión, las y los participantes recibieron constancias por su colaboración en los trabajos del Parlamento Abierto.
