La propuesta busca fortalecer la certeza jurídica, la perspectiva de género y la protección integral en el entorno escolar
La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en la LXI Legislatura de Querétaro, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de fortalecer el debido proceso y los derechos humanos del personal educativo.
La propuesta plantea la incorporación de un nuevo capítulo dentro de la legislación estatal para establecer principios claros en la actuación de las autoridades educativas durante procedimientos administrativos relacionados con docentes y trabajadores del sector educativo.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa busca equilibrar la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes con el respeto a los derechos fundamentales del personal educativo, bajo criterios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y certeza jurídica.
Durante la exposición de motivos, Meza Argaluza señaló que, aunque en los últimos años se han fortalecido los protocolos de atención y protección en casos relacionados con el entorno escolar, aún existen áreas de oportunidad en materia de claridad procedimental, protección de datos personales y aplicación proporcional de medidas precautorias.
La iniciativa establece que las medidas precautorias deberán ser temporales, fundadas y motivadas, además de que no podrán considerarse sanciones definitivas sin una resolución formal.
Asimismo, reconoce derechos fundamentales del personal sujeto a procedimientos administrativos, entre ellos el derecho de audiencia, defensa adecuada, acceso a pruebas y trato digno.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en las actuaciones administrativas, con el propósito de prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la igualdad sustantiva dentro del sistema educativo estatal.
La diputada aclaró que la reforma no busca limitar la atención de denuncias ni debilitar la protección de niñas, niños y adolescentes, sino fortalecer la actuación institucional mediante reglas claras y mayor seguridad jurídica tanto para estudiantes como para docentes.
También se informó que la iniciativa no implicaría impacto presupuestal adicional, ya que podría implementarse mediante ajustes a los protocolos y mecanismos administrativos existentes.
Finalmente, Adriana Elisa Meza Argaluza afirmó que esta reforma contribuiría a construir un sistema educativo más transparente, equilibrado y respetuoso de los derechos humanos, en el que la protección de la niñez y las garantías del magisterio sean principios complementarios.
