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Querétaro mantiene liderazgo nacional en manejo de recursos federales: ASF

Querétaro se mantiene en la primera posición nacional entre los estados con mejor manejo de recursos federales, de acuerdo con los resultados de la segunda entrega de informes individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2025.

El secretario de la Contraloría, Oscar García González, señaló que los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reflejan transparencia, orden financiero y un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Detalló que, durante esta segunda entrega, se realizaron nueve auditorías, en las que se fiscalizó un monto de 18 mil 839.4 millones de pesos.

Destacó que los resultados no registran montos por aclarar, ni acciones o recomendaciones pendientes de seguimiento, por lo que Querétaro volvió a obtener un “cero perfecto” en la revisión del gasto federalizado.

El funcionario atribuyó estos resultados a la gestión realizada por la Secretaría de la Contraloría ante los auditores, así como a la coordinación interinstitucional con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y los municipios.

Entre los recursos auditados se encuentran el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), fondos destinados a salud y educación, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), así como las participaciones del Impuesto Sobre la Renta y recursos relacionados con disciplina financiera, entre otros.

García González afirmó que estos resultados también fortalecen la credibilidad financiera de Querétaro, ya que el manejo adecuado de los recursos públicos contribuye a la transparencia y legitima el desempeño del gobierno estatal.

Finalmente, señaló que la gestión del gasto público federal se realizó conforme a la ley, con información clara, comprobable y disponible, además de contar con mecanismos de control interno, cumplimiento normativo y confianza institucional que fortalecen la posición del estado en los indicadores de buen gobierno.

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