Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente

La violencia en contra de personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y de otras categorías de la diversidad sexual (LGBTI+), es una variante de la violencia de género, es impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera desafían las normas de género, y atentan contra las manifestaciones de la sexualidad socialmente aceptada.
Como parte de las acciones para proteger, garantizar e impulsar una cultura de respeto de los derechos humanos de la población LGBTI+, la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), elaboraron el Protocolo Nacional LGBTI+, aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2017.
Para garantizar el acceso a una justicia incluyente, igualitaria, eficaz y eficiente se establecieron reglas de actuación que el personal deberá seguir cuando alguna persona de dicha comunidad acuda ante una autoridad de procuración de justicia federal o local.
El objetivo es evitar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, siguiendo los principios de:
Respeto a la dignidad
Igualdad y no discriminación
Enfoque diferencial y especializado
Protección de datos personales
Libre desarrollo de la personalidad
No victimización secundaria
Protección integral a los derechos
No criminalización
Enfoque transformador
El Protocolo Nacional LGBTI+ considera que las instancias de procuración de justicia cuenten con un área especializada y personal capacitado en trabajo social y psicología, que brinde atención a víctimas:
Atención psicológica individual y grupal.
Acompañamiento durante la toma de declaraciones, careos, entre otras.
Acompañamiento a víctimas durante reuniones de trabajo relacionadas con los avances en las investigaciones ministeriales.
Detección inmediata de necesidades psicosociales en las comunidades afectadas.
Vinculación y acompañamiento a otras dependencias gubernamentales, con la finalidad de contribuir a garantizar un tratamiento integral con servicios especializados.