Desde la LXI Legislatura del Estado de Querétaro y como presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, expreso mi absoluto respeto al marco legal y a las instituciones que, tras un largo proceso, han reconocido con justicia la denuncia presentada por la ex candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano, Carolina Íñiguez Vargas, en marzo de 2024, por el delito de violencia política en razón de género.
Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara exhaustividad en las pruebas, la Sala Especializada del TEPJF falló en contra del empresario y político queretano Juan Manuel Urquiza Trejo, y el comunicador David Smeke el pasado 8 de mayo de 2025.
El artículo 20 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es muy claro al establecer que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género “quien por sí o interpósita persona: I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público”.
Tras más de un año de litigio, el TEPJF emitió el fallo definitivo, que ordena, entre otras medidas, la inscripción de los responsables en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, junto con la madre de uno de los acusados.
En este sentido, valoro la valentía y reconozco la lucha de todas las mujeres que de forma congruente y digna, deciden defender sus derechos frente a una cultura política que, aún hoy, persiste en normalizar la violencia contra las mujeres.
Ninguna mujer debe ser silenciada, ni atacada, ni revictimizada por ejercer su derecho a participar en la vida pública.
La política debe transformarse en un espacio seguro, equitativo y libre de violencia. Casos como este deben recordarnos que no se trata solo de castigos, sino de cambiar estructuras, de construir una cultura institucional que respalde a quienes alzan la voz y defienden su dignidad.
Hago un llamado a todos los partidos, instituciones públicas y privadas y actores políticos a asumir con seriedad su responsabilidad. Proteger los derechos políticos electorales de las mujeres no es una opción, es una obligación. Carolina no está sola. Y ninguna mujer debe estarlo.
