El imputado quedó sujeto a prisión preventiva justificada; durante la persecución fueron dañadas cuatro unidades policiales con objetos ponchallantas.
Edwin Aresy “N”, alias “El Catracho”, fue vinculado a proceso por cuatro delitos luego de una persecución registrada sobre la Carretera Federal 57, en el municipio de Pedro Escobedo.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el imputado enfrenta cargos por robo equiparado de vehículo, desobediencia y resistencia de particulares, daños calificados y cohecho.
Los hechos se originaron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron un reporte generado mediante los sistemas tecnológicos de lectura vehicular, que detectaron un automóvil con dirección a la Ciudad de México cuyas placas no correspondían con sus datos de identificación.
Elementos estatales, con apoyo de agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID), dieron seguimiento al vehículo y solicitaron a sus tripulantes detener la marcha. Sin embargo, hicieron caso omiso y continuaron su trayecto hasta ingresar, a la altura de la comunidad de El Sauz, Pedro Escobedo, a la vialidad que conduce hacia la termoeléctrica.
Durante la persecución, desde el vehículo fueron arrojados objetos ponchallantas, lo que provocó daños a cuatro unidades policiales. Posteriormente, los tripulantes descendieron de la unidad, la abandonaron y se dispersaron entre las parcelas de la zona.
Como resultado del operativo fue detenido Edwin Aresy “N”, alias “El Catracho”.
Durante las diligencias realizadas al vehículo abandonado, fueron localizados diversos cargadores para arma de fuego e insignias, mismos que fueron asegurados como parte de la investigación. La Fiscalía también informó que, en una investigación distinta, fueron localizadas tres armas de fuego, cuyo análisis forma parte de las indagatorias.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, el imputado también se encuentra presuntamente relacionado con otros hechos ocurridos en Querétaro, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
El 27 de agosto de 2026, durante la audiencia inicial, un Juez de Control calificó de legal la detención y se formuló imputación por los cuatro delitos. El imputado solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica.
En la continuación de audiencia, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso por robo equiparado, en sus modalidades de posesión y utilización de vehículo; desobediencia y resistencia de particulares; daños calificados; y cohecho.
Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.
