Podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años
Derivado de los trabajos de Policía de Investigación, los diversos dictámenes periciales y las entrevistas realizadas en la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, se confirmó la participación de un hombre en el feminicidio de su pareja sentimental, a quien golpeó luego de que ambos acudieron a una reunión en la colonia San Miguel Ajusco.
En conferencia de prensa, la Fiscal de dicha demarcación, Alicia Rosas Rubí, informó que durante la audiencia un Juez de Control vinculó a proceso al imputado bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en tanto vence el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las indagatorias, el 14 de enero la víctima solicitó al indiciado acompañarla a una reunión al domicilio de una amiga de su trabajo.
Horas después el agresor se retiró molesto del sitio y la ofendida lo siguió hasta la puerta, donde perdió el control y cayó varios escalones. Un testigo de los hechos intentó levantarla; sin embargo, el acompañante de la mujer se lo prohibió y comenzó a golpearla en diversas partes del cuerpo, detalló la Fiscal.
La funcionaria destacó que el detenido la jaló del cabello y arrastró hasta la salida del lugar, momento en el que el habitante del inmueble los perdió de vista. Las agresiones continuaron hasta que la mujer quedó inconsciente y fue trasladad a un hospital.
Tras la notificación del fallecimiento, el agente del Ministerio Público inició un expediente por el delito de feminicidio. Como parte de las diligencias, peritos en criminalística y medicina forense realizaron los dictámenes necesarios, donde se estableció la posición víctima-victimario y que las lesiones son de carácter infamantes, precisó Rosas Rubí
Por su parte policías de Investigación acudieron al lugar de los hechos y solicitaron las imágenes de una cámara de videograbación privada localizada en el sitio, donde se observa el momento en que se cometió el delito.
Una vez que el representante social reunió las pruebas necesarias, las presentó ante un Juez de Control a quien solicitó librar una orden de aprehensión en su contra, que posteriormente fue cumplimentada por la PDI.
Finalmente dio a conocer que de acuerdo con el Código Penal vigente, de resultar responsable el indiciado alcanzaría una sentencia de hasta 50 años por estos hechos.
